En medio de un escándalo que ha conmocionado a la comunidad, nuevos detalles emergen sobre la presunta estafa millonaria perpetrada contra personas de bajos recursos. La sombra de la corrupción parece extenderse aún más, revelando la participación de empleados del gobierno estatal en prácticas fraudulentas que afectan directamente a los más vulnerables.
En esta ocasión, la atención se centra en el caso de Mario de Alba, cuya presunta estafa ha desencadenado una serie de revelaciones preocupantes. Según testimonios recientes, un funcionario de Recaudación de Rentas, identificado como Salvador Villa, ha sido señalado como partícipe en la venta ilegal de propiedades pertenecientes a aquellos afectados por el esquema fraudulento de De Alba.
«Nachita», una de las afectadas por la presunta estafa, detalló que mientras luchan en los tribunales por recuperar los fondos entregados a Mario de Alba, Salvador Villa está lucrando vendiendo las mismas propiedades a otros individuos. Según su testimonio, Villa habría estado recibiendo pagos en efectivo de hasta diez mil pesos por cada transacción, despojando así a las víctimas originales de sus derechos sobre las propiedades en cuestión.
Como evidencia de sus acusaciones, «Nachita» presentó una hoja manuscrita, firmada por ella misma como testigo de la transacción ilegal. «Esta es la hoja que él les entrega con su firma», declaró, «pero ya no son recibos oficiales del gobierno del Estado, como los que recibimos nosotros».
Estas revelaciones profundizan la indignación y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, mientras la comunidad exige una investigación exhaustiva y acciones contundentes para garantizar la justicia y proteger a los más desfavorecidos de este tipo de abusos. La lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los ciudadanos más vulnerables se convierten en imperativos ineludibles en medio de esta crisis de confianza.
